Realizamos nuestro último webinar del año titulado: “COVID 19 en América Latina: Acciones de Sistemas de Justicia de NNA”, donde se mostraron tres líneas de acción sugeridas y un reporte preliminar de las encuestas que hemos realizado en países de América Latina.
Las cifras presentadas pudieron ser posibles gracias a los diversos Poderes Judiciales y directivos de Centros de Privación de Libertad para Adolescentes de países que contestaron los cuestionarios. Los países que han participado en las encuestas son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
Respecto a la primera línea de acción, la MSC Virginia Murillo, Presidenta Ejecutiva, DNI Costa Rica explicó que se revisaron aspectos como los cambios en la política de visitas por la pandemia como restricción o suspensión de las misma, el contacto del personal con las familias de los internos; la recepción de encomiendas de las familias o el uso de tecnología como video llamadas y/o llamadas telefónicas. Este último aumentó considerablemente a modo general en los centros y se sugirió a modo general un reforzamiento a los mecanismos de reinserción con el cuidado de la salud mental.
De acuerdo a las horas de actividades que tenían los y las adolescentes fuera de sus dormitorios antes de la pandemia, se observó que hubo un aumento en los centros que redujeron las actividades a 1-6 horas diarias. Esto puede causar efectos negativos emocionales en los jóvenes que se encuentran en los centros de internamiento.
Respecto a la línea de acción descongestionamiento de centros de privación de libertad, el doctor Ignacio Mayoral, Experto Asociado ILANUD, dijo que como parte de la reflexión de qué ocurrió con una población tan vulnerable como la juventud que se encuentra privada de la libertad por el COVID-19 y cómo ha afectado a sus derechos humanos, por lo que se recomienda reducir en lo posible o acelerar la libertad en medida de lo posible.
Explicó que los datos con los que se cuentan son sumatorios y aportados por los centros, por lo que no deben de ser tomados como absolutorios para cada uno de los países, a fin de un análisis más concreto respecto a los efectos de la pandemia en la población privada de la libertad.
En lo que respecta a la línea de acción correspondiente a la Inversión urgente en los Sistemas de Justicia Penal Juvenil, Isabel Roby, Oficial de Proyectos de Fair Trials, comentó los tipos de insumos brindados en centros para prevenir el contagio de COVID 19, donde destacaron las mascarillas y los productos de desinfección y satisfacción, seguidos de artículos de necesidad primaria como jabón y agua potable o papel higiénico y toallas de papel en los centros.
En lo que respecta a las nuevas medidas para brindar los insumos a los adolescentes antes suministrados por las familias, Roby explicó que en su mayor parte eran artículos distribuidos por la familia, seguidos por una mínima diferencia los centros, ministerios u otras instituciones.
Otro punto que se destacó en la ponencia, fue el cómo los países tuvieron variantes en lo que corresponde a la implementación de tecnologías y la cancelación de audiencias presenciales que fue a modo general implementada entre marzo y junio a los países encuestados. Cabe resaltar que el anuncio de emergencia sanitaria, a modo general fue en marzo, con una leve variación de fechas.
El evento fue moderado por la maestra Sarahí García, Directora Nacional de Proyectos JJI México, quien explicó que este es solamente la primera fase de este estudio y que se espera una socialización mayor de las encuestas y una actualización de datos de países participantes en el 2021. Cabe mencionar que esta actividad fue la número 13 y fue parte de una serie que realizamos durante 2020 con expertos en el área. Para más información puedes seguirnos en nuestras redes sociales, o bien escribirnos a info@jjadvocates.org.